El 2015 ha sido un año de contrastes en lo que al comportamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) con los contribuyentes se refiere. Si bien el hilo conductor ha sido el incremento de las acciones de fiscalización y control tributario, motivado por la coyuntura económica por la que atraviesa el país y que se revela en un menor crecimiento de lo proyectado, se podría decir que hay un cambio de dirección que no es menor.
Ocurre que de un comportamiento percibido por algunos sectores económicos como hostil, poco conciliador y dirigido con exclusividad a la economía formal, se ha comenzado a dar señales de aproximación a la realidad de los contribuyentes, sobre todo de los pequeños empresarios.
El nuevo superintendente de la Sunat, Víctor Martín Ramos Chávez, ha comentado en varias ocasiones a los medios que se le ha dado la indicación a los auditores de no cerrar a los pequeños negocios y, en lugar de ello, instruirlos para que aprendan a tributar correctamente. También, ha dado directivas para que modulen la aplicación de sanciones a casos en los que realmente hay un perjuicio fiscal.
Además de las medidas mencionadas, se anuncia un próximo cambio en el trato a los contribuyentes, dependiendo de su record histórico de cumplimiento tributario, con comunicaciones y alertas, que en lugar de ser amenazas, se perciban como gestos de ayuda para el adecuado cumplimiento tributario.
Si bien falta aún mucho camino por recorrer, queda claro que el rumbo es el correcto; la administración tributaria debe modificar su temperamento con la finalidad de no ser percibida como un simple cobrador, sino como un aliado del contribuyente honesto.
Sin perjuicio de lo que los cambios a nivel de administración tributaria, la tarea pendiente con la que termina este gobierno es la de revisar y reestructurar los sistemas anticipados de recaudación del IGV para lograr reorientar la política fiscal con la que se ha estado conduciendo el país.
Como se recordará, el MEF anunció hace un par de años que se evaluaba la paulatina eliminación de los sistemas de retenciones y percepciones del IGV, así como una racionalización de las detracciones, para aplicarlas en los sectores donde hay alta informalidad y no en aquellos donde las empresas ya se encuentran formalizadas y cumplen con el pago de sus tributos.
Lamentablemente nada de ello ocurrió y hoy en día siguen en plena aplicación, pese a que, por ejemplo, el régimen de retenciones del IGV es manifiestamente inconstitucional al no estar aprobado por ley sino por una resolución de SUNAT.
Por todo ello se hacen necesarias nuevas políticas fiscales que tengan como objetivo incluir en el universo de los contribuyentes -de manera paulatina- al sector informal que hoy en día ni tributa ni es controlado por el Estado.
