En los tiempos actuales, la relación entre el fisco y los contribuyentes está teñida de desconfianza mútua; el contexto es el de una guerra tributaria. En un entorno en el que la conflictividad tributaria parece ser la norma y no la excepción, conviene preguntarse si es posible imaginar una forma de relación entre contribuyente y Estado regida no solo por la legalidad, sino desde una perspectiva completamente distinta, inimaginable para la mayoría, pero plenamente válida, aunque distópica y nada ortodoxa: la búsqueda de la serenidad tributaria inspirada en la filosofía de Epicuro, pensador griego del siglo III a.C., cuya propuesta no fue la evasión del mundo, sino su comprensión lúcida. Aclaro de antemano que Epicuro jamás reflexionó sobre los tributos, con lo que las meditaciones que dejaré plasmadas son mi particular entendimiento de su postura filosófica y la aplicación que de aquella entiendo correcta, en los dominios de lo tributario. Pues bien, luego de tales admoniciones, considero que, desde una perspectiva epicúrea, la serenidad tributaria como aspiración de la sociedad, se traduciría en la búsqueda de ataraxia: una tranquilidad profunda que no nace de evitar el conflicto, sino de entender con nitidez sus causas y emplear de forma racional los recursos normativos, en beneficio de todos; un estado que exige reglas claras, procedimientos previsibles y un lenguaje tributario capaz de infundir confianza allí donde hoy impera la sospecha, que es mutua, insisto.
Epicuro enseñaba que el placer verdadero consiste en la ausencia de dolor y perturbación. Trasladado al terreno fiscal, esto puede ser decodificado como la claridad normativa, la previsibilidad procedimental y la equidad material. La serenidad fiscal no surge de la ausencia de fiscalización, sino del conocimiento técnico suficiente para afrontarla con racionalidad y sin sobresaltos. En ese sentido, el test de igualdad constitucional —idoneidad, necesidad y proporcionalidad— desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano se convierte en un instrumento hermenéutico esencial para alcanzar la ataraxia fiscal. Este test permite al contribuyente racional distinguir entre diferenciación legítima y trato arbitrario, entre planificación prudente y incertidumbre normativa. Solo quien domina estas herramientas puede trazar rutas fiscales sostenibles, sin temor a interpretaciones disruptivas.
Desde una visión epicúrea del Derecho tributario, los principios de capacidad contributiva, igualdad y no confiscatoriedad adquieren una dimensión ética orientada a la serenidad racional del contribuyente. La ataraxia fiscal exige que el tributo no sea fuente de perturbación, sino expresión de justicia material. La capacidad contributiva, en este marco, no es solo un límite técnico, sino una garantía de que el esfuerzo fiscal se ajusta a la realidad económica del sujeto, evitando el dolor injustificado. La igualdad tributaria, por su parte, no se reduce a la uniformidad formal, sino que busca una equidad sustancial que impida tratos arbitrarios y preserve la paz social. Y la no confiscatoriedad se convierte en un princípio de moderación estatal: el tributo no debe despojar, sino contribuir sin quebrar la dignidad patrimonial. Epicuro enseñaba que el placer verdadero nace de la ausencia de temor; en clave tributaria, ello implica un sistema que permita cumplir con las obligaciones sin sacrificios desproporcionados y obtener ingresos sin angústia.
Más allá de las etiquetas, el derecho tributario que aspira a una visión epicúrea no abdica del control fiscal, pero lo ejercita con moderación, transparencia y respeto por la lógica interna del sistema. La justicia tributaria, diría Epicuro, no se mide por la severidad del castigo ni por la rigidez de las normas, sino por su capacidad de pacificar las relaciones sociales. En ese horizonte, el legislador y el operador jurídico deben evitar el ruido conceptual y cultivar un lenguaje tributario que permita a los contribuyentes comprender con nitidez el alcance de sus deberes, sin verse sometidos a interpretaciones cambiantes ni a presunciones de mala fe. Esto pasa por entender nuestra propia realidad social y cultural, y legislar en función a ella, cuidando de no introducir vía el trasplante normativo, herramientas ideadas en otros contextos.
La ataraxia fiscal, en suma, no es una utopía contemplativa sino una configuración jurídica aplicada, que parte del presupuesto de que las normas deben ser claras, que la Administración sea predecible, y que el contribuyente pueda conducirse sin temor a mutaciones arbitrarias ni a formalismos exorbitantes. En este marco, la armonía entre forma y sustancia no es una concesión, sino una exigencia de justicia material. La serenidad fiscal no se alcanza por la ausencia de conflicto, sino por la presencia de garantías que aseguren al contribuyente un terreno estable sobre el cual planificar y cumplir. Como recordba Séneca —quien, aunque estoico, compartía con Epicuro la valoración de la mesura—:
“Nada se debe temer de una ley justa.”
Trasladado al tema que nos ocupa, esa tranquilidad es la ataraxia fiscal: un orden normativo y procedimental que actúa con razones claras, dentro de los límites de la justicia material, y que ofrece a todos un terreno donde cumplir y disentir sin perturbación.
